Toluca / Estado de México
Fue presentado el proyecto de Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado De México, propuesta que corrió a cargo de la legisladora Azucena Cisneros Coss
Ante el Pleno de la 60 Legislatura y a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA indicó “tanto quienes defienden los derechos humanos como quienes ejercen el periodismo enfrentan agresiones que van desde el hostigamiento, hasta la desaparición forzada o el asesinato”.
Está iniciativa dijo plantea la creación de un mecanismo que garantice el ejercicio de su labor en condiciones de libertad y seguridad.
Ese mecanismo será un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de México, encargado de proteger, promover y garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como de fomentar las políticas públicas, capacitación y coordinación en la materia, para prevenir acciones que vulneren dichos derechos.
Azucena Cisneros llamó a las y los diputados a asumir su responsabilidad de evitar que se cometan abusos en perjuicio de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, “por lo que debemos implementar todas aquellas acciones para enfrentar y erradicar la violencia en contra de este grupo en todo el país, ya sea ejercida de forma individual o colectiva”.
Hizo énfasis en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha consignado la ausencia de leyes en esta materia en 22 entidades, entre ellas la mexiquense.
En sesión del Segundo Periodo Ordinario, al abundar en la fundamentación de su propuesta, señaló que la importancia de la tarea de los defensores de derechos humanos queda fuera de toda duda ante la situación de violencia que enfrentan los mexiquenses, y destacó que, al contribuir a la protección de los derechos básicos, ayudan a construir el sistema democrático.
En el caso de las y los periodistas, subrayó que desempeñan un papel fundamental en el derecho a saber, el derecho al acceso a la información pública, el derecho a la verdad y el derecho a exigir que los funcionarios públicos rindan cuentas a la sociedad.
En México, dijo, “el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión son los actos de violencia e intimidación que sufren los periodistas y trabajadores de los medios, así que en muchas ocasiones la autocensura se convierte en la alternativa para que salvaguarden no sólo su integridad personal, sino también su vida”.
Enumeró el tipo de agresiones de las que son objeto unos y otros: asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas, robo, campañas de desprestigio, secuestros, acoso, intimidación, arrestos ilegales, detenciones, espionaje, vigilancia, represión y ataques cibernéticos, entre otras.
Recordó que México ha ratificado nueve tratados internacionales relacionados con los derechos humanos, y que la Constitución de la República prevé mecanismos para garantizar que sean respetados, sin embargo, el país se ha convertido en el más violento para quienes los defienden y en el segundo más peligroso para ejercer el periodismo.
La diputada refirió que, en 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró en el país 285 ataques contra defensores, en tanto que ese mismo año fueron asesinados 11 periodistas. En el caso de las mujeres las agresiones se agravan: la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México reportó que entre 2010 y 2017 fueron asesinadas más de 43 defensoras y periodistas.
“Las agresiones a periodistas, además de constituir una afectación a la esfera jurídica del agraviado, representan una afrenta a la sociedad en su conjunto”, destacó, y precisó que en el Estado de México no se cuenta con cifras al respecto, pero relató, como ejemplo, el desmantelamiento, en 2015, del equipo de transmisión de la radio comunitaria Calentana Mexiquense, en Luvianos, por emitir sin concesión, realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y el atentado que el director de la estación, Indalecio Benítez, sufrió en 2014, en el que resultó muerto su hijo Juan Diego, de 12 años.
Calificó el homicidio de periodistas como “el ataque más cruel y extremo de censura a la libertad de expresión”, y atribuyó el fenómeno a la falta de políticas públicas encaminadas a garantizar un entorno libre y seguro para desarrollar su labor, una deficiente política de prevención del delito, la actuación tardía e ineficiente ante las denuncias, así como la ineficacia por parte las autoridades encargadas de perseguir los ilícitos”.
“Nuestro compromiso —dijo Azucena Cisneros a la Asamblea— es proteger a las y los periodistas implementando medidas que aborden las causas profundas de la violencia en su contra y la impunidad. Esto implica la necesidad de afrontar temas como la violencia institucional de la que son víctimas al atentar contra los intereses de los poderosos”.
En este sentido, mencionó que en el sexenio pasado, periodistas mexiquenses padecieron el bloqueo de su trabajo cuando funcionarios o personal de Comunicación Social del Poder Ejecutivo los acusaban de hacer preguntas “incómodas” o ejerciendo presión para que no se publicara información crítica, y habló sobre la situación laboral de muchos de ellos, sin prestaciones como vacaciones, aguinaldo, pensiones o servicios de salud y salarios bajos, garantías que el Estado debe de promover que los medios de comunicación otorguen.
La iniciativa de ley establece que el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de México estará integrado por una Junta de Gobierno y una Coordinación Ejecutiva Estatal, y será operado por la Secretaría de Gobierno.
Se creará un Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se destinará a la capacitación de periodistas, implementación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas de protección urgente.
El proyecto indica que las agresiones se configurarán cuando por sus actividades de protección de derechos humanos o en ejercicio del periodismo se dañe la integridad física, psicológica, moral o económica, libertad o seguridad de los defensores y periodistas y de las personas de su entorno inmediato.
Además, determina que el Estado tiene el deber de garantizar un entorno libre y seguro, por lo que desarrollará acciones como la adopción de un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra personas defensoras y periodistas, que reconozca la importancia de su labor en el fortalecimiento de la democracia, así como la capacitación y concientización de las fuerzas de policiales, fiscalías y al Poder Judicial al respecto.
La ley propuesta reconoce, como derechos de las personas defensoras, el de reunirse o manifestarse pacíficamente; formar, afiliarse y participar en organizaciones y asociaciones; difundir libremente opiniones, informaciones y conocimientos sobre derechos humanos y libertades fundamentales, y ser protegidas en caso de violación de esos derechos.
Como derechos específicos de las y los periodistas reconoce el secreto profesional, la cláusula de conciencia, y el derecho al acceso a la información y a los actos públicos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su dictamen.
